Andalucía quita el candado a 7.637 pisos turísticos en el último año

La proliferación de pisos turísticos en la comunidad autónoma que más tiene de toda España, así como los problemas de convivencia que originan en los lugares donde se instalan, han derivado en que las administraciones comiencen a hacerse cargo de la regulación de un mercado que, al menos hasta el momento, sigue en medio de una falta total de control. El decreto de la Junta por el que se descargan estas competencias en los ayuntamientos, ha servido para poco más que para que cada uno de ellos haga la guerra por su cuenta e incrementa la ausencia de una norma común por la que regirse. No obstante, según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, ha cancelado 7.637 Viviendas de Uso Turístico (VUT) en el último año, es decir, desde el 1 de abril del año pasado al 30 de marzo de este ejercicio. No obstante, esos mismos datos confirman otro que es incluso más preocupante. Hasta el momento, la cifra de VUT en Andalucía apenas llegaba a las 120.000. En el último registro, esta cifra se dispara hasta las 147.307 viviendas en las ocho provincias (con Málaga que aglutina más del 57% de ellas) que eleva las plazas disponibles hasta las 774.828 en toda la región.

Para dar una pequeña idea sobre la verdadera dimensión de este tipo de viviendas, si se tiene en cuenta que la población andaluza es de 8.663.175 personas al cierre del año pasado, en todos los pisos turísticos de la comunidad, caben casi el 9% de su población total. Pretender que semejante volumen no causa problema alguno es un intento vano.

Parece que la Junta se ha puesto seria con el cumplimiento de los requisitos que se precisan para abrir una vivienda de este tipo. De hecho en los últimos doce meses, sólo en Málaga se han cancelado 2.819 VUT, aunque dada la cantidad que se contabilizan en toda la provincia, el porcentaje es el menor de toda Andalucía, ya que apenas representan el 3,32% del total. No obstante, en números absolutos casi llega a las siguientes tres provincias, Granada, Sevilla y Cádiz con 1.227, 1.068 y 953 cancelaciones respectivamente en el Registro de Turismo en ese mismo periodo de tiempo. No obstante, son las cifras relativas las que dan una imagen más precisa del celo de las administraciones en cada una de ellas. En efecto, mientras que Granada supera el 12,6% del total de VUT que se han cancelado, en Sevilla apenas llegan a un 9,3% y en Cádiz, ni a la mitad de ese número (4,65%).

Por ello sorprende que en la provincia andaluza donde menos cancelaciones se han producido, Jaén, que apenas llega a las 239, éstas supongan más de la cuarta parte de su parque total de VUT. También con un porcentaje importante, destaca Córdoba, que ya no tiene registradas 552 de sus 3.767 viviendas turísticas, lo que eleva su porcentaje a un 12,65%, mientras que Huelva y Almería se quedan respectivamente en un 7,6% y un 3,88%, ya que se han cancelado 298 en la provincia onubense y 418 en la almeriense.

Sobre este asunto, el consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, reconocía que este año (hasta el 21 de abril) se cancelaron 2.392 VUT, fruto de una estrategia impulsada por el Gobierno andaluz “para el control de este fenómeno alojativo que ya comienza a ofrecer resultados”, a la vez que ponía en valor los convenios de colaboración con las ciudades de Sevilla, Granada, Cádiz, Málaga y Jerez, las que más pisos de este tipo contabilizan. Se trata de acuerdos para “mejorar la coordinación administrativa para lograr una gestión más eficiente” a través del intercambio de información entre sistemas.

Lo que también sorprende es el número de estas instalaciones que se contabilizan en Andalucía. Se sabía que habían crecido casi de manera exponencial, pero hasta ahora no se alcanzaba un número cercano a las 150.000. A comienzos del año pasado, la Administración autonómica reconocía que en el territorio andaluz se llegaba a las 116.000, con más de 600.000 plazas entre las que se dedican por entero a actividad turística y aquellas que rentan habitaciones separadas de las mismas. Un año después ese número ha crecido en más de un 25%. Es cada vez más habitual encontrar este tipo de pisos incluso en los bajos comerciales.

Málaga con 84.739 (casi 450.000 plazas), es, de lejos, la que más establecimientos de este tipo acumula. Más de la mitad de todos los andaluces tienen su origen en la provincia malagueña, en concreto el 57%. Le siguen Cádiz, otro de los lugares que han disparado su oferta, con 20.495 y 111.083 plazas (el 14% del total andaluz) y a mayor distancia Almería, con 12.401 y casi 61.000 plazas (8,8%) y Sevilla, que se queda en cuarta posición andaluza con un 7,7% del total de la comunidad, ya que tiene registradas 11.387 que llegaban a las 57.004 plazas. Es la capital hispalense, no obstante, en la que se registra una mayor disponibilidad de alquiler por habitaciones, 3.859, siempre por detrás de Málaga, eso sí, que llega a las casi 9.000 y por delante de otras con más viviendas completas disponibles en el mercado, como Cádiz (3.390) y Almería, que no llega a las 1.200.

Disparidad de criterios

Una de las mayores trabas para la regularización de este tipo de alojamientos es la falta de una legislación autonómica unificada. La Junta desistió de hacerlo. Prefirió dejarlo en manos de cada municipio por entender que cada uno respondía a una realidad urbanística distinta. Esto, junto al rechazo a imponer una tasa turística (vigente en otras comunidades autónomas), ha sido entendido como una de las mayores dificultades para exigir a los propietarios y ofrecer a los usuarios un marco normativo común. De hecho, el propio consejero de Turismo aseguró que el Ejecutivo “garantiza que las VUT se adecuen a las exigencias específicas de cada territorio, que respeten las condiciones de compatibilidad urbanística con las ordenanzas locales”.

El nuevo decreto 28/2016 que regula la adaptación de las viviendas turísticas, es notablemente laxo. Apenas se requiere la comunicación de los periodos de funcionamiento del mismo, una superficie de 14 metros cuadrados por plaza y 25 metros cuadrados construidos; dos cuartos de baño si hay más de 5 plazas y 3 si hay más de 8; requisitos de refrigeración en verano y calefacción en invierno y una dotación mínima en cocina, baño y dormitorios.

Nada más. Una de las principales críticas que se hace a este modelo es que ni tan siquiera hace falta una inspección previa a la apertura. Una declaración responsable es lo único que precisan quienes dispongan de una de ellas destinadas a fines turísticos.

Cada ciudad, un mundo

Es en las grandes ciudades donde las VUT tienen un mayor protagonismo y donde originan más problemas. De nuevo la falta de una normativa unificada con el argumento de que cada una de ellas debe encajar su instalación a las normativas recogidas en su Plan General de Ordenación Urbana, hace que cada una de ellas las contemple a su manera. Valgan como ejemplos lo que ha ocurrido en los últimos meses en Sevilla, Cádiz y Málaga.

En la capital hispalense, el Ayuntamiento propone una limitación de un 10% en toda la ciudad que, en algunos lugares, simplemente no se cumple. El intento de controlar su crecimiento da el resultado contrario; de aplicarse este criterio, se podrían crear más de 20.000 nuevas. También el alcalde, José Luis Sanz, propuso el corte del agua a las VUT que operen de manera ilegal o que la inspección de las mismas recayera en una Policía Turística infradotada para el aluvión de pisos turísticos. Se propuso también la puesta en marcha de un registro propio para controlar su expansión, algo que el regidor reconoce que sigue siendo la “asignatura pendiente”. Basta darse una vuelta por el centro o por barrios como Triana o Nervión para darse cuenta de que sí lo es.

En Cádiz la proliferación de VUT choca de frente con otro problema añadido: la falta de suelo. Una tormenta perfecta que ha colocado a la capital gaditana como una de las más caras de todo el país en el capítulo de vivienda; no hay y las que están disponibles buscan asegurar una rentabilidad como piso turístico antes que como un alquiler convencional. Cádiz sí tiene operativo un registro municipal, puesto en marcha desde 2016, aunque hubo que esperar hasta 2022 para la aprobación de la normativa municipal en la que se aseguraba que la ciudad tenía 2.300 viviendas turísticas con cerca de 11.000 plazas. Hoy, en toda la provincia son diez veces más, aunque aquí se suman las de los municipios costeros.

Málaga no permite una vivienda turística más en 43 barrios de la ciudad desde el año pasado, en los que se supera el 8% del total. El problema vuelve a ser la falta de control. Hay siete inspectores encargados de hacerlo para casi 80.000 viviendas de uso vacacional; cada uno de ellos debe ocuparse, por tanto, de más de 11.000. La presión ha llegado a tal extremo que el alcalde de la capital decretó el pasado mes de marzo una “moratoria global” a los VUT. Al mismo tiempo anunció que el control de las mismas, que sobrepasa los recursos municipales, será externalizado.

Según un estudio de Exceltur, Málaga es una de las diez ciudades donde hay más VUT que hoteles. Entre ellas están también Sevilla, Granada y Córdoba y los crecimientos siguen siendo espectaculares. En Málaga lo hizo al 19,3%; en Córdoba se superó el 22% y en Sevilla el 17,4%.

El último intento por regular parte del Gobierno central. Si en un principio facultó a las comunidades de vecinos para que se pudieran oponer a la instalación en sus bloques de una VUT, ahora se pretende “facilitar y agilizar los trámites necesarios para realizar la inscripción registral de los acuerdos que adopten para la limitación de este tipo de viviendas”.

“La gestión turística no es solo para el visitante”

En una comparecencia con delegados territoriales de la Consejería de Turismo, el responsable de la misma, Arturo Bernal, aseguró que “nuestra gestión turística no está pensada sólo para el visitante. El habitante de nuestras ciudades es un actor decisivo a la hora de planificar nuestras políticas”. Bernal se justificaba con que los pisos turísticos se han extendido por todo el país. Por ello –continuaba–, “nos sorprende la poca implicación que ha tenido hasta ahora el Ministerio de Turismo. Llevamos tres años solicitando una Conferencia Sectorial en la que se aborde este asunto. No hemos recibido respuesta alguna del ministro. Sorprende el poco peso que el turismo tiene en el Gobierno central, pese a ser una de las principales industrias de España y siendo motor de motores”, lamentaba, para después subrayar el papel de la Administración andaluza ante “este fenómeno para consolidar el turismo sostenible, regenerativo y respetuoso con los residentes”.

Bernal destacó también el importante esfuerzo que desde la Consejería se está haciendo en materia de lucha contra la clandestinidad. “Las denuncias y comunicaciones recibidas a través del buzón de colaboración ciudadana están derivando en la apertura de los correspondientes procedimientos sancionadores”.