Chaves y Griñán fueron obligados a dimitir, ¿por qué no ocurre lo mismo en Extremadura?

Pedro Sánchez reconoció entonces que se trató de la medida "más dolorosa" y "dura" que había tenido que adoptar desde la Secretaría General del PSOE. Era junio de 2015, y el hoy presidente del Gobierno era un recién llegado a Ferraz, y lo que tuvo que hacer fue pedirle a Manuel Chaves, uno de los históricos de su partido, barón andaluz desde 1990, que dejase el acta de diputado porque iba a ser procesado por el caso ERE ante el Tribunal Supremo. La perdida del acta supuso el final del aforamiento de los ex presidentes de la Junta, cuyos casos judiciales pasaron entonces a la Audiencia Provincial de Sevilla, donde un tribunal los esperaba con una posición mucho más dura que la del Supremo. ¿Por qué no ha ocurrido esto en Extremadura, donde se va a juzgar a David Sánchez? ¿Por qué, lejos de solicitar la dimisión a Miguel Ángel Gallardo como secretario general, se le ha respaldado cuando ha forzado un aforamiento disparatado en la Asamblea regional?

En los Congresos Federales del PSOE se aprueban cambios que pasan desapercibidos, reformas de última hora que son públicas pero que se camuflan entre decenas de nombramientos y declaraciones portentosas. Esto fue lo que ocurrió en el 41º Congreso de Sevilla, que se celebró entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Cuando Sánchez alcanzó la Secretaría General del PSOE por primeraz vez impulsó una reforma del Código Ético del partido para hacerlo más exigente, pero en Sevilla cambió. Si hasta entonces, cualquier cargo público u orgánico debía dimitir en el momento de abrir el juicio oral, una nueva Disposición Adicional Sexta añadida a los Estatutos salvaba la dimisión si se consideraba que el juicio tenía una "finalidad política".

Esto es, que si el partido estima que un caso judicial es una cacería política, se pospone esa dimisión hasta el momento de producirse la condena si la hubiese. La disposición adicional, que pasó por completo desapercibida en Sevilla, indica que los "altos valores éticos" habrá que conjugarlos "con el uso de instrumentos jurídicos para conseguir finalidades políticas". Es, por tanto, el propio partido el que se sitúa como un juez que decide qué proceso es político y cuál no.

El 41º Congreso de Sevilla venía marcado por la apertura de la investigación a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. El secretario de Organización, Santos Cerdán lo había inaugurado con una crítica velada a los jueces por permitir lo que entendía como una "cacería política". En ese cónclave reaparecieron los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que habían sido apartados de la vida del partido hasta que el Tribunal Constitucional los amparó. Sus casos, y el modo de actuar del PSOE con ellos, fue muy diferente al que se enfrenta ahora el secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

Peor en la Audiencia de Sevilla

En efecto, en junio de 2025 fue Sánchez quien mantuvo una conversación con Manuel Chaves. José Antonio Griñán, que era senador, había entregado el acta a principios de ese mes. Tanto Chaves como Gaspar Zarrías, diputados en el Congreso, dimitieron, lo que supuso que el caso de los ERE pasase a la Audiencia de Sevilla. José Antonio Viera se resistió, fue expulsado al grupo mixto, pero finalmente también entregó el acta.

Al soliclitar el suplicatorios a las Cámaras, el Supremo sólo contemplaba el delito de malversación de fondos, el más grave, para Viera, ex consejero de Trabajo, pero no para Griñán. Y eso sí lo hizo la Audiencia, cuya sentencia replicó la tesis mantenida por la juez instructora Mercedes Alaya. De haber seguido en el Supremo, es lógico pensar que Griñán hubiera logrado una sentencia más benévola.

La dirección federal del PSOE sostiene que el juicio que se le va a abrir al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, al secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, y a otras nueve personas más es un ejemplo de lo que denominan cacería política. Para ello se basan en que la Fiscalía no acusa, aunque la juez instructora, Beatriz Biedma, considera que hay indicios suficientes para llevarlos a juicio por dos delitos de prevaricación y de tráfico de influencias a causa del contrato de David Sánchez en la Diputación de Badajoz.

Lo de Gallardo ha sido un aforamiento de disparatado, ya que para conseguir entrar como parlamentario en la Asamblea de Extremadura ha necesitado que una diputada socialista, Maricruz Rodríguez, dimitiese y que otras cuatro personas que le antecedían en la lista renunciasen a ocupar el puesto. Finalmente, Gallardo ha logrado entrar en la Cámara, con lo que el aforamiento le ha caído de modo inmedianto.

Ahora será el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el que lo encause, el que decida si sigue adelante con el juicio oral y bajo qué tipo de acusaciones. Probablemente, esto es lo que sucederá con todos los encausados, incluido el propio David Sánchez, ya que los magistrado no suelen dejar un proceso así escindido en dos juzgados.

A priori, Gallardo no debería contar con ventaja en el tribunal superior, pero sí es posible que el juicio se retrase y, por tanto, la maniobrabilidad política. De momento, ni va a dejar la secretaría general ni la presidencia de la Diputación pacense. Chaves, Griñán y el resto de procesados por el caso de los ERE tuvieron que dejar todos su cargos públicos e, incluso, la militancia, hasta que el Tribunal Constitucional consideró que la Audiencia Provincial de Sevilla no había respetado todos su derechos.