La empresa que cobró facturas falsas de transporte escolar devuelve 351.000 euros a la Junta

La empresa concesionaria de las rutas escolares en la provincia de Cádiz que está siendo investigada por la Fiscalía por el cobro irregular con facturas falsas ha devuelto el dinero reclamado a la Junta de Andalucía. Así lo ha confirmado este miércoles la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, quien ha detallado que inició el expediente administrativo de nulidad en el pago el 15 de marzo de 2025 y que acaba de recibir el dinero reclamado. En total, se trata de 351.396 euros que habían sido supuestamente malversados ya que la empresa concesionaria de rutas escolares en la provincia de Cádiz, entre ellas varias en Chiclana, cobraba por servicios que realmente no habría prestado, duplicando las facturas de varias rutas.

Este reintegro no frena el proceso judicial que está abierto y que también afecta al trabajador de la Agencia Pública de Educación que era el responsable de los pagos y quien, presuntamente, duplicaba las facturas de las rutas escolares en el curso 2022-23. Según ha podido saber este diario, el fraude se detectó porque el trabajador de esta empresa pública reclamaba fondos para abonar las facturas, lo cual era una anomalía ya que debía haber presupuesto suficiente para abonar el coste del transporte escolar. La Agencia Pública de Educación de la Junta de Andalucía tiene un presupuesto anual en torno a 500 millones de euros, de los cuales cien millones se destinan a pagar el transporte escolar.

La empresa ha enviado una carta a la Agencia Pública de Educación notificando este reintegro del cobro de las facturas pero también informando de que se reserva el derecho legal al respecto, en el caso de que se demuestre que no ha habido mala intención en el cobro de dichas facturas falsas. Respecto a las consecuencias que estos hechos van a tener sobre la empresa concesionaria, que sigue prestando el servicio de transporte escolar, la consejera de Educación ha explicado que el proceso seguirá su curso y que se tomarán las medidas recogidas en la Ley de Contratos del Sector Público.

La denuncia

En mayo de 2023, la Agencia Pública de Educación, que depende de la Consejería de Educación, abrió diligencias preliminares cuando detectó la tramitación irregular de expedientes de contratación, ya que había un llamativo incremento en el presupuesto que no correspondía con las necesidades del servicio. Como medida cautelar, el trabajador de esta agencia fue suspendido de empleo y sueldo mientras se realizaba la investigación que corrió a cargo de la Gerencia de la Agencia Pública en Cádiz. Como resultado de esta investigación, el 2 de noviembre, la Agencia Pública de Educación despidió al trabajador implicado después de incoar un expediente disciplinario por faltas muy graves.

Asimismo, esta agencia puso el caso en conocimiento de la Intervención General de la Junta, que a su vez lo trasladó a la Fiscalía por indicios de delito. Igualmente, la agencia ha entregado a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) la documentación que ha requerido sobre el caso.

Además, la Agencia Pública de Educación ha reclamado a la empresa, mediante una resolución de nulidad de los contratos afectados que se firmó el 15 de marzo de 2025, las cantidades percibidas de forma irregular, que ascienden a 351.396 euros, e igualmente, reclama al trabajador la cantidad de 25.325 euros que es el salario correspondiente al periodo de suspensión de empleo y sueldo. Así, reclama en total, 376.721 euros por esas supuestas facturas falsas.