Las mordidas del PSOE llegan hasta el Parlamento de Andalucía

Se avecina un pleno más que tenso. Eso valdría casi para cualquiera de las sesiones que tienen lugar últimamente en el Parlamento de Andalucía, pero la de esta semana promete. Como no podía ser de otra manera, los casos de corrupción y mordidas que se han desvelado en las últimas semanas (o meses) llegan también al salón de plenos del Hospital de las Cinco Llagas. Dos proposiciones no de ley (PNL), una ya anunciada del PP y otra de Por Andalucía, darán munición a unos y a otros para que el lanzamiento de reproches, se adueñe del debate. La primera es para analizar las obras en la comunidad autónoma que han salido en los polémicos audios de esta misma semana entre los tres personajes claves de la trama, Koldo, Ábalos yCerdán. La segunda tira por elevación y reclama que se impida a las empresas que han participado en estas prácticas (que hayan pagado comisiones irregulares), tomar parte en cualquier otro concurso con las administraciones públicas, una medida ya anunciada por la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz.

Lo cierto es que la PNL del PP parte de una petición del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hace unos días en el sentido de proponer que se fiscalizaran las obras que los audios de los implicados en la trama, pusieron en la picota, esto es el Puente del Centenario y una carretera en Torreperogil en Jaén. Lo que ocurre es que un Ejecutivo no puede hacerlo por ley, por lo que esta iniciativa pasó a manos del grupo popular en la Cámara andaluza. El pleno en su sesión del jueves, finalizará con el debate de la PNL sobre “adjudicaciones de obras públicas afectadas por las mordidas del PSOE en Andalucía”, según reza textualmente en el título de la misma.

Más ambiciosa parece la proposición de Por Andalucía que, englobada bajo el título de “defensa de la ética pública y contra la corrupción” plantea la creación de lo que denominan “mapa de la corrupción en Andalucía” en un periodo de cuatro meses. Se trata de una herramienta de “publicidad activa” en la que se de cuenta de manera actualizada de los casos de corrupción investigados y sentenciados en los últimos diez años, con la identificación de personas y empresas implicadas en los mismos. A éstas últimas van dirigidas buena parte de las medidas que se arropan en esta PNL y que ya han sido adelantadas esta semana en el Congreso de los Diputados. Se trata de que se modifique la legislación para que exista la prohibición de contratar a aquellas empresas que hayan cometido “actos ilícitos tanto por las personas jurídicas como por sus administradores o cualquier tercero”, una prohibición que deberá extenderse a aquellas sociedades herederas de las primeras”.

Las consecuencias legales irían incluso más allá, toda vez que lo que reclama Por Andalucía es “devolver el dinero público robado y afecto por prácticas corruptas de forma multiplicada”, así como el “decomiso de todos aquellos bienes de los corruptores que no acrediten que tienen un origen lícito”, es decir, revertir la carga de la prueba. La proposición, que tiene nulas posibilidades de salir adelante al no contar con el apoyo de la mayoría absoluta del PP, pide que se modifique el tratamiento de los cargos públicos procesados” de tal forma que se cree la figura de “persona investigada avalada ante delitos relacionados con la corrupción de manera que exista la obligación legal tanto de la formación como de la institución, de las razones por las que avalan su permanencia en sus responsabilidades”.

Estos temas tendrán su reflejo sin ninguna duda, en la habitual ronda de preguntas de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios al presidente de la Junta de Andalucía. Por el enunciado de las mismas, el de Adelante Andalucía, José Ignacio García, incidirá directamente en el tema, toda vez que preguntará por “la ética en la política”, mientras que Vox pedirá que rompa todas sus relaciones con el PSOE y éste cuestionará por “el deterioro de los servicios públicos”.

Cese del fiscal general del Estado

No es la primera vez y como se dilate mucho no será la última. El grupo popular en el Parlamento andaluz va a pedir en una PNL el “cese inmediato” del fiscal general del estado ante su situación procesal abierta que compromete la imagen, la imparcialidad y la independencia del Ministerio Fiscal y causa un grave perjuicio a la credibilidad del sistema judicial y a la dignidad profesional del conjunto de los fiscales en España”.

Lo que sí es una novedad es la oposición a la denominada Ley Bolaños y exige “la retirada de cualquier reforma del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal que elimine el actual modelo basado en los principios de mérito, capacidad, objetividad y libre concurrencia, y que suponga un control político sobre el proceso de selección de jueces y fiscales”. Otra demanda es que el Gobierno nacional dote a Andalucía “de los medios económicos necesarios” para la implantación de la Ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia. Asimismo, se le pide al Gobierno que atienda la demanda de la Junta de que, tras analizar la carga de trabajo de los 85 partidos judiciales andaluces y en base a los datos del TSJA, “dote de al menos 60 nuevas plazas para aliviar la sobrecarga existente en muchos de ellos y elimine el agravio comparativo creado con Cataluña.