Los nuevos frentes abiertos entre la Junta y el Estado: el dinero de los parados y el trasvase Tajo-Segura

Las diferencias políticas entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central se van ahondando en cada jornada hasta el punto que parece que no van a lograr ningún acuerdo desde ahora hasta que se termine la legislatura andaluza, prevista para dentro de un año. Dos asuntos más han llenado el listado de la confrontación política que mantienen ambas administraciones: el dinero del Estado para las políticas activas de empleo y los nuevos caudales del trasvase Tajo-Segura que da agua de riego al campo almeriense, "la huerta de Europa" como lo define el consejero de Agricultura de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco.

Y eso al margen de la polémica por la política de vivienda, que lleva meses encima de la mesa, ya que de los primeros fondos repartidos para planes específicos, Andalucía no ha recibido ni un solo euro ya que no aplica la ley estatal y no se puede acoger a los planes que la desarrollan. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció este miércoles el reparto de 35 millones de euros para favorecer la reducción de los precios de alquiler o venta en las zonas que se hayan declarado tensionadas, un dinero que se repartirán País Vasco, Cataluña y Navarra.

El empleo

La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales ha asignado a Andalucía 418 millones de euros para políticas activas de empleo, una cantidad que según el Gobierno central "es la mayor de todas las comunidades autónomas" pero que la Junta interpreta de otra manera: cada parado andaluz recibiría 675,1 millones de euros, una cantidad muy por debajo de los 1.023,5 euros en la que se establece la media nacional. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, explica que Andalucía recibe el 16,2 % de los 2.571 millones repartidos al conjunto del país, inferior al peso por población, que es de casi el 18 %. Si se toma como referencia el último dato de paro registrado en abril, Andalucía contaría con 619.103 personas en situación de desempleo. Unas cuentas que se si se hacen en las Islas Baleares calculan 2.348,9 euros por desempleado, más que triplicando la partida aprobada para Andalucía, según las cuentas que hace la Junta.

Y del empleo, a la guerra del agua. Porque los regantes de la provincia de Almería necesitan del agua del trasvase Tajo-Segura para garantizar el riego de sus cultivos. Un trasvase que ha sufrido un recorte, "hachazo" en palabras del consejerode Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ya que el Ministerio de Transición Ecológica ha subido los caudales ecológicos lo que supone, en la práctica, un recorte del agua que llega hasta Almería y Murcia. "Un agua que no es ningún regalo, que se paga".

Desde el Gobierno andaluz entienden que desde el año 2021, la cantidad de agua que del trasvase Tajo-Segura ha dejado de ser técnica para pasar a ser política. En los últimos planes hidrológicos se han fijado valores para los caudales ecológicos que llegan al extremo más alto de los intervalos previstos, según explica Fernández-Pacheco. “Son niveles muy superiores a los fijados en anteriores ciclos de planificación hidrológica y que no están justificados técnica ni científicamente”. Eso, además de que dos años después del plan, el Gobierno central no ha cumplido aún con su compromiso de revisar el método de cálculo de los caudales.

El argumento de la Junta es que se trata de un principio de solidaridad, "tan simple como llevar agua al que lo necesita", y además con el modelo agrícola “más eficiente de Europa” y con una agricultura “sana, sostenible y respetuosa con el medioambiente”. Un modelo que este miércoles defendía en el Parlamento andaluz acompañado por el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, y del presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), José Manuel Cepeda.