Infraestructuras

NUEVOS incidentes en el ferrocarril que se añaden a los desastres de las inundaciones y a la irritante lentitud en la reconstrucción de los efectos de la dana, además del apagón del 28 de abril, trasladan a la ciudadanía una sensación de caos sin precedentes en la gestión de las infraestructuras. Un país funciona dependiendo de las posibilidades que ofrecen sus equipamientos, de los que dependen funciones como la movilidad, la seguridad o la competitividad. Esto explica la multitud de instituciones con programas de seguimiento de la inversión en infraestructuras, como variable capital para la evaluación del desempeño económico de cada país.

Entre ellos, el Foro Económico Mundial (WEF), cuyo Índice de Competitividad Global incluye un apartado de infraestructuras, que define a la competitividad como conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país que, a su vez, determina el nivel de prosperidad que puede ser alcanzado. Entre las publicaciones internacionales más recientes figura el Ranking de Competitividad Global (WCR, IMD) que lleva 35 años analizando la competitividad en un grupo de países (67 en la actualidad) y sitúa a España en el puesto 40 en 2024, tras perder cuatro posiciones con respecto a 2023. El principal lastre es la eficiencia gubernamental, que nos desplaza hasta el puesto 58, perdiendo siete en un solo año, aunque reconoce el comportamiento positivo de la economía, que mejora desde la posición 32 a la 27. La eficiencia relativa de las empresas también pierde una posición hasta la 38, mientras que las infraestructuras se mantienen en un discreto puesto 27, tras la pérdida de dos desde 2022.

Un enfoque alternativo es el del Índice de Infraestructuras Global de IPSOS y Global Infrastructure Investor Association de 2023, que se interesa por el grado de satisfacción ciudadana con las infraestructuras en 31 países. El resultado muestra que todos reconocen su importancia para la competitividad, que en la mayoría se desarrollan más lentamente de lo conveniente y que las consideraciones ambientales ganan peso frente a las económicas en la escala de prioridades. España figura en el puesto 21 del ranking con un 32% de la población satisfecha, frente al 38% del conjunto. La mejor valoración corresponde a infraestructuras de movilidad (aeropuertos, carreteras y ferrocarril), digital (banda ancha y fibra óptica) y energías renovables, mientras que la mayor insatisfacción se da en vivienda, defensa contra inundaciones y recarga de vehículos eléctricos.

Es probable que la frecuencia e intensidad de los siniestros relacionados con las infraestructuras desde la consulta (mayo-junio de 2023) haya empeorado la valoración ciudadana. El informe de Seopan sobre prioridades de inversión en infraestructuras (febrero, 2025) estima en 198.435 millones de euros la necesidad de inversión en abastecimiento de agua, energía, medio ambiente y otros equipamientos. Todo un desafío, porque el capítulo de inversión en el último presupuesto aprobado (2023) ascendió a 25.913 millones de euros. De ellos, solo 11.794 se iban a dedicar a infraestructuras, aproximadamente un 2% del gasto público y un 1% del PIB.