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La guerra de Gaza ha entrado en una fase en la que, anulada la resistencia de Hamas, el objetivo de Netanyahu es la ocupación del territorio, el desplazamiento y la limpieza étnica de la población palestina. Desde el inicio de la guerra cuando Israel reaccionó con una respuesta desproporcionada al atentado terrorista de Hamas del 7 de Octubre de 2023, se abrió el debate, que por la extrema gravedad de lo que está ocurriendo en estos momentos en Gaza, ha alcanzado mayor intensidad: ¿es antisemitismo la crítica y la denuncia del Estado de Israel por su acción en Gaza?, ¿son genocidas los actos de guerra que está llevando a cabo el Gobierno israelí?
El antisemitismo ha perseverado a lo largo de la historia y es probable que también en el contexto actual. El antisemitismo es una expresión de odio hacia los judíos por su identidad étnica, religiosa y cultural; existe ademas un antisemitismo ideológico que conduce a la negación del Holocausto y de la persecución de los judíos. El odio o prejuicio contra los judíos simplemente por el hecho de ser judíos y cualquier condena de un judío por el hecho de ser judío constituyen el núcleo del antisemitismo. Del mismo modo acusar al estado de Israel por el simple hecho de ser un estado judío es antisemitismo. Pero en relación con la guerra de Gaza estamos asistiendo a la utilización y manipulación política del antisemitismo. Ello ha conducido a que cualquier critica u oposición a los actos del Gobierno israelí en Gaza sea calificada como antisemita. En EEUU, el presidente Trump acusa a la Universidad de Harvard de antisemitismo por las movilizaciones de protesta de sus estudiantes contra las políticas de Israel. En España, Aznar acusa al presidente Sánchez de “declarar” la guerra a Israel y alerta del ascenso del antisemitismo: según él, la actitud de Israel está justificada como prevención al peligro islamista que amenaza las costas mediterráneas. Un ministro israelí acusa al presidente español de antisemita por reclamar el reconocimiento internacional de Palestina como estado.
Denunciar lo que esta ocurriendo actualmente en Gaza no es antisemitismo; tampoco lo es exigir el reconocimiento de Palestina como Estado ni denunciar la ocupación de Gaza, el desplazamiento violento y la limpieza étnica de la población. En este contexto, ¿son genocidas los actos del Gobierno israelí en Gaza? He releído el libro de Philippe Sands Calle Este-Oeste (2017) que relata cómo dos juristas judíos, Hersch Lauterpacht y Rafael Lemkim, introdujeron durante los juicios de Núremberg los conceptos de “genocidio” y “crímenes contra la humanidad” por los que fueron condenados los dirigentes nazis. Estos delitos contra los judíos abrieron las puertas a la consideración de los mismos como delitos de carácter general y universal integrados en el Derecho Internacional. La Convención de la ONU sobre el genocidio (1948) lo describe como un delito perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La Convención representó el compromiso de la comunidad internacional para evitar las atrocidades cometidas durante la II Guerra Mundial.
En 2023, Sudáfrica presentó una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de la la ONU acusando al Estado de Israel, firmante de la Convención de 1948, de actos de genocidio en Gaza; demanda apoyada por varios países, entre ellos España, mientras que otros como Canadá y Alemania se han declarado en contra. Es difícil sustraerse a la realidad en Gaza: matanzas diarias incluso en los puntos de reparto de alimentos, desplazamientos violentos , etcétera. Medios de comunicación, dirigentes políticos, intelectuales de todo el mundo, instituciones humanitarias como Amnistía Internacional y el Comité de Derechos Humanos de la ONU consideran que los actos de Israel deben ser calificados como actos de genocidio que no pueden ser justificados por la existencia de Hamas. No obstante, el Tribunal de la ONU aun no ha dictado una resolución final sobre la cuestión de fondo del genocidio. Las decisiones del Tribunal son vinculantes y de obligado cumplimiento para todos los estados aunque en ultima instancia su cumplimiento depende de la voluntad del Estado implicado, Israel, que hasta ahora no ha sido muy respetuoso hacia las normas del Derecho internacional.
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