Manuel Alejandro Cardenete | Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía

Este no es el camino. Una invitación a la reflexión

Tribuna de opinión

La Cámara de Cuentas es una institución técnica, independiente, ahí reside su fortaleza

La amplitud del caso de los contratos menores impide identificar con precisión si, en mi caso, concurre o no una causa concreta de abstención

Una intervención quirúrgica.
Una intervención quirúrgica. / Alberto Domínguez

21 de junio 2025 - 01:00

PARA que la Cámara de Cuentas pueda desarrollar su labor con total garantía, resulta vital que no sea sometida a los vaivenes del ciclo político, ni convertirla en una herramienta al servicio de intereses partidarios o mediáticos. Ante los últimos acontecimientos en los que se ha visto involucrada la institución, y mi persona como máximo responsable, he permanecido en relativo silencio, pero creo que es el momento de puntualizar ciertas cuestiones.

Desde mi llegada como presidente he defendido que la institución encuentra gran parte de su solvencia en la aplicación de un proceso garantista en todos sus procedimientos. Respetar los tiempos y valorar los efectos que puede tener nuestra labor en otras instancias, es una expresión de responsabilidad.

Amparados por esta forma de actuar, la mayoría del Pleno tomó la decisión de posponer la aprobación de las directrices técnicas de un informe sobre la contratación menor en el sector público autonómico. Esta suspensión no obedece a cálculos políticos, ni a presiones externas, ni mucho menos a una voluntad de ocultamiento. Se trata de una medida adoptada a la luz de una circunstancia específica: la posible interferencia con un proceso judicial abierto.

La práctica institucional demuestra que, ante determinados contextos, los trabajos pueden reprogramarse, revisarse o incluso decaer. En algunos casos, hechos sobrevenidos después de la aprobación de nuestro plan de actuaciones, aconsejan reevaluar actuaciones previamente previstas. Los intentos de convertir esta decisión en un objeto de debate político o en un símbolo de opacidad carecen de fundamento.

Dentro de un órgano colegiado, el deber de emitir un voto no es solo una obligación formal: es un acto de responsabilidad pública. Sin embargo, existen casos en los que la ley exige lo contrario, y la abstención se convierte no solo en legítima, sino en necesaria. Me refiero, en concreto, al proceso de fiscalización de las subvenciones en materia de turismo correspondientes a los ejercicios 2021-2023. En este caso, concurren todos los requisitos establecidos en la Ley para justificar mi abstención. No hacerlo habría supuesto contravenir la ley y poner en entredicho los principios de imparcialidad y objetividad que deben regir nuestra labor.

En el caso de la fiscalización actualmente en curso sobre los contratos menores de la Junta de Andalucía, nos encontramos ante una revisión que abarca de forma amplia y transversal toda la contratación administrativa del Gobierno autonómico. Esta amplitud impide identificar con precisión si, en mi caso, concurre o no una causa concreta de abstención. No hay, hasta el estado actual del desarrollo del trabajo, una vinculación directa con un expediente, una consejería o un decreto específico en el que haya intervenido de forma determinante. En estas circunstancias, la obligación de abstenerse se vuelve ambigua, y, por tanto, inaplicable.

También se ha suscitado debate en torno a mi anterior pertenencia al Gobierno de la Junta, algo de lo que me siento profundamente orgulloso. He actuado, y continuaré haciéndolo, guiado por los dos principios fundamentales que han orientado mi dilatada vida profesional: la honradez y el compromiso con lo público.

Quiero dejar claro que no dudaré en tomar las medidas que sean necesarias si considero que se traspasan los límites establecidos.

La suspensión del proceso de fiscalización no responde a ningún cálculo político

No es admisible que se vulnere el deber de confidencialidad que vincula a los miembros del Pleno. El marco legal que rige nuestras funciones establece claramente que la revelación de deliberaciones internas o la difusión anticipada de contenidos no aprobados supone un incumplimiento grave de las obligaciones del cargo. Cuando esto ocurre, se erosiona la cohesión institucional y se daña la confianza ciudadana.

La Cámara de Cuentas es una institución técnica, independiente, y su fortaleza reside precisamente en mantenerse en ese terreno, alejada del debate político. Convertirla en un instrumento de desgaste o manipular sus decisiones para obtener rédito mediático o partidista perjudica su funcionamiento. Invito, a quien corresponda, a una reflexión serena y honesta.

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