La reducción de la jornada laboral

EN el Consejo de Ministros del pasado martes 6 de mayo se aprobó la reducción de la jornada laboral de 40 horas a 37,5 semanales, sin reducción salarial. El proyecto de ley todavía tiene que pasar por el Congreso de diputados y por el Senado. Hoy por hoy, no tiene votos suficientes para ser aprobado. Junts insiste en que va a presentar una enmienda a la totalidad. Esto implica que veremos modificaciones, no sustanciales, en el proyecto de ley en cuanto a gradualidad en su implantación y flexibilidad en su aplicación y compensaciones para las pymes. El objetivo del Gobierno y, dentro de él, de Sumar, que es quien lo presenta y defiende, es loable. En toda la OCDE, la jornada laboral viene reduciéndose en las últimas décadas. A medida que la productividad ha ido ascendiendo, la jornada laboral ha ido reduciéndose. Lo mismo ha sucedido en la UE, en la que la jornada media laboral efectiva es de 36,4 horas semanales. Pero lo que hay que tener clara la dirección de la causalidad. Es el incremento previo de la productividad el que posibilita la reducción de la jornada laboral y el aumento de los salarios. Y, por lo tanto, es una falacia, apoyándose en esta correlación histórica, afirmar que la reducción de la jornada laboral, aumenta la productividad y el empleo, como argumenta la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz. La evidencia histórica y empírica demuestra que una reducción de la jornada laboral sin reducción de salarios, que no venga precedida por un incremento de la productividad produce pérdida de competitividad de la economía, destrucción de empleo, menor crecimiento, descenso de la actividad económica y en el sector de las pymes destrucción de empresas, incapaces de adaptarse y de sobrevivir por la pérdida de competitividad, al no poder trasladar el incremento de costes a precios.

Por otra parte, la jornada laboral efectiva media de España ya está en el objetivo perseguido de 37,5 horas a la semana que es el objetivo del Gobierno y del proyecto de ley. Esto es debido al peso de las grandes y medianas empresas cuya jornada laboral efectiva está muy por debajo de las 40 horas semanales de la actual legislación. Esto es debido a la mayor productividad de la gran y mediana empresa respecto a las pequeñas empresas. Por lo tanto, el impacto más negativo del proyecto de ley será sobre las pequeñas empresas por su baja productividad y por su menor flexibilidad por el pequeño tamaño de sus plantillas. Los sectores más afectos serán la hostelería, el transporte, las comunicaciones, la restauración, los servicios, el pequeño comercio y la agricultura, sectores en los que prolifera la pequeña empresa y los autónomos.

En los últimos 40 años no ha habido una reducción de la jornada laboral: desde el año 1983 en el que el gobierno socialista la redujo de 48 horas a 40 horas semanales.

Otro aspecto relevante e importantísimo es que la decisión de reducción de la jornada laboral se vaya a tomar fuera de la mesa de negociación y de los convenios colectivos, a través de una decisión unilateral del Gobierno y de un proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros, sin contar con la opinión de las patronales que se oponen a su aceptación en los términos aprobados. Este no es un tema superficial o formal, es un factor fundamental cuando se trata de la aplicación de la jornada laboral a un tejido productivo que presenta diferencias estructurales importantes entre los distintos sectores y entre las pequeñas y medianas empresas y las grandes. La ley de reducción de la jornada laboral va a afectar a más de 12 millones de empresas. La mayoría de ellas pequeñas.

El momento tampoco es el más oportuno, ya que a pesar del que el crecimiento de PIB agregado de España crece muy por encima de la media europea, el PIB per cápita permanece estancado y por debajo de la media UE, sin visos de convergencia, y también la productividad que permanece baja en el 85 % de la UE, sin convergencia en las últimas décadas. La reducción de la jornada laboral implica un aumento de los costos laborales y, por lo tanto, una menor competitividad y productividad, y afectará negativamente a la sostenibilidad del crecimiento económico español en los próximos años.

Es lamentable que la propuesta de reducción de la jornada laboral se haya sacado de la mesa de negociación social entre sindicatos y patronal a la vista del complejo impacto que tendrá sobre un tejido productivo tan heterogéneo en cuanto a sus estructuras y capacidad de adaptación. El diálogo en la mesa social entre sindicatos y patronal permite que los acuerdos se adapten a las circunstancias de cada sector y cada tipo de empresa. Al proyecto de ley se le escapan las particularidades y rigidez que tienen las pequeñas empresas, sobre todo en aquellos sectores como los pequeños comercios, hostelería o la agricultura, que tienen mayores déficits de adaptación, por la inflexibilidad de sus horarios o la pequeña dimensión de sus plantillas. Los acuerdos alcanzados dentro de una mesa de diálogo social a nivel de sectores, incluso de empresas, permiten contemplar estas peculiaridades y complejidades, facilitando la implantación del acuerdo y reduciendo su impacto negativo en la actividad económica y en la competitividad.

Estudios académicos, y de instituciones como el BBVA Research, concluyen que el impacto del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas tendrá un impacto negativo en el incremento de los costos laborales equivalente a 24 000 millones de euros, 1,5% del PIB, restando 8 décimas a la creación de empleo y aumentando en 7 décimas el paro, por su impacto en las pymes que constituyen el 98% del tejido productivo.

No será fácil aprobar el proyecto de ley en el Congreso y el Senado. Habrá múltiples enmiendas. El PSOE, ante la presión de Sumar, cederá e introducirá todas las que sean precisas para atraer los votos de SUMAR, del PNV y de Esquerra Republicana. Al final se aprobará. Su aplicación llevará tiempo y altos costos en términos sociales y económicos. Esto ocurre cuando los gobiernos intervienen, excesivamente e inadecuadamente, en temas en los que los agentes sociales pueden llegar en un acuerdo en una mesa de negociación social entre sindicatos y empresarios. Como ya ha ocurrido en las últimas décadas y cuando los tiempos y objetivos políticos se anteponen al interés general, coincidiendo con un Gobierno débil.