Los rostros del anti parlamentarismo

El anti parlamentarismo es una cultura de fondo con manifestaciones diversas. Su persistencia en nuestra historia se refleja en varios episodios recientes. Exponente del anti parlamentarismo clásico fueron las concentraciones frente al Congreso, bajo el grito de “no nos representan”, que apelaban a una legitimidad verdadera, la de la gente, frente a la de los órganos democráticos de representación, donde luego ocuparían escaño los jóvenes convocantes de esos fastos. El proceso independentista catalán fue también un movimiento construido sobre el ultraje al parlamento y en él se privó reiteradamente del ejercicio de sus derechos a la minoría parlamentaria, sometida, por imperativo de identidad, a la voluntad del verdadero pueblo. El escaño vacío del presidente Rajoy durante su moción de censura nos dejó otro momento arquetípico de desprecio a la institución y hoy no hay mejor ejemplo de humillación al Parlamento que el que da el propio Gobierno, incumpliendo su deber constitucional y privando a las Cortes Generales de ejercer su función natural de discutir y aprobar los presupuestos.

En cualquier caso, el anti parlamentarismo a veces adquiere rostros insospechados. Este es el supuesto de la querella presentada por la Fiscalía Superior del TSJA frente a un diputado andaluz de Adelante Andalucía, por un supuesto delito de injurias a la Policía Local de Sevilla. El representante en cuestión declaró, con relación a la muerte, ahogado en el Guadalquivir, de Mamouth Bakhoum, un mantero senegalés que había sido perseguido por agentes municipales, que se trataba de “un caso de racismo institucional, violencia policial y represión”. Puede estar equivocado en sus apreciaciones, pero asumir que un cargo electo puede ser perseguido por un delito de opinión a partir de unas declaraciones así, implica desconocer el valor de la libertad de expresión de los parlamentarios en un Estado Constitucional y la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto. Apelar, como hace el escrito de la Fiscalía, al concepto de discurso del odio para justificar esta querella, supone adulterar hasta hacer irreconocible esta infeliz doctrina jurídica que nace con el objeto de proteger a las minorías sociales desfavorecidas, dentro de las cuales no pueden incluirse, en buena lógica, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por si fuera poco, sin conocimiento del presidente del Parlamento andaluz, dos policías judiciales entraron en la Cámara para identificar al diputado en cuestión. Sólo en un país que desprecia al Parlamento esta actuación puede llevarse a cabo sin cierto escándalo público.